Cuestionados intercambios de disparos, falta de pericia en negociación con delincuentes, denuncias de organizaciones barriales sobre colocación de drogas y saqueos durante allanamientos, y de arrestos ilegales a madres para que sus hijos sean entregados, son clara evidencia de que la Policía necesita más que un salario de 500 dólares, como prometió el presidente electo Luis Abinader, una reforma que implique saneamiento y especialización.
Un oficial vestido de cura mata en Cotuí a José Antonio Reyes Ulloa, quien atrincherado en una casa con un niño y una mujer pidió un sacerdote para entregarse. En Higüey, una patrulla acribilla a Félix Encarnación y arguye intercambio de disparos. La comunidad lo había entregado en pantaloncillos.
La falta de tacto, de capacidad para lidiar mostrada en el primer caso y la brutalidad plasmada en el segundo, muestran a ese órgano como generador de desconfianza y de temor.
La misma incertidumbre y el mismo pavor desatado por la nefasta lista de excesos traducidos en cuestionables enfrentamientos con presuntos malhechores, que dejan al año entre 230 y 260 muertos, de los que alrededor del 70% no rebasa los 45 años.
Los barrios marginados sufren situaciones como la violencia ejercida sobre progenitoras de alegados delincuentes a las que los agentes les vociferan que compren la caja para que los velen. Igual están las denuncias de comunitarios sobre cobro de “peajes” (extorsión) a microtraficantes.
El rosario de atropellos e imprudencias convierten al cuerpo, cuya función es establecer y mantener el orden, en una entidad sin credibilidad, que de acuerdo con la secretaria de organización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Los Alcarrizos, Ana Romero Franco, necesita una profilaxis profunda.
Propone empezar desde arriba, cambiar los niveles de complicidad que son “secretos a voces”. Valorar el perfil de la persona que ingresa, sobre todo el sicológico y el académico.
Premiar a los que hacen buen trabajo, estimularlos. De esta manera reconoce a los agentes honestos, probos, que respetan y cumplen con su labor, pero que por desgracia la imagen que la población tiene es la de que hay delincuentes dentro de las filas policiales y la gente no está segura con los que deben cuidarla.
Ese municipio, por su tamaño y complejidad vive un día a día en el que sus residentes están expuestos a la tensión generada por las acciones de los ”grises” que incluyen maltrato verbal, sicológico y físico a los jóvenes y detenerlos en lugares oscuros.
